El Ayuntamiento alcanza un acuerdo con La Generala para desbloquear el sector de Alamí

El Ayuntamiento alcanza un acuerdo con la empresa BETULA (anteriormente La Generala), para desbloquear el sector del Alamí, y a la vez dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que, en última instancia, daba la razón a la empresa e instaba al Ayuntamiento a devolverle la condición de agente urbanizador.

Como saben, éste asunto no está exento de polémica política y judicial, prácticamente desde que comenzó el expediente, en 2004, cuando se le adjudicó la urbanización a La Generala de la Actuación Integrada del sector del Alamí. En 2005 ya había constancia del posible incumplimiento por parte de la empresa, pero el equipo de gobierno de entonces fue dilatando las decisiones en el tiempo, y además decidía por Junta de Gobierno, sin dar cuenta al resto de grupos políticos.
Más tarde, por unanimidad, se decidió en un pleno judicializar el expediente para exigir a La Generala la finalización de la Urbanización. Algunas sentencias dieron la razón al Ayuntamiento, pero en última instancia el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictaminaba que el Ayuntamiento tenía que devolverle a la empresa la condición de agente urbanizador.
Con esta sentencia favorable la empresa plantea una reclamación Patrimonial de 8 millones de euros, por daños y perjuicios.
Tras una larga y dura negociación, según manifestaban ayer desde el equipo de gobierno en el transcurso del pleno ordinario, han conseguido un acuerdo con la empresa que supone una reducción del 70% sobre la cantidad reclamada.
De este modo, en este ejercicio, el Ayuntamiento abonará a la empresa Betula (anteriormente Generala) 841.000, a los que hay que sumar 522.000 que habrá de destinar a la Entidad Pública de Saneamiento, de los cuales 77.567 euros se transferirán en 2020 y el resto en 2021.
Ayer se aprobó una modificación presupuestaria para posibilitar estos pagos, con cargo al remanente para gastos generales, y a la partida de la remodelación de la Plaza de la Iglesia, prevista para 2020, y cuya obra no se iniciará hasta 2021.
El PP sacaba ayer adelante esta modificación presupuestaria y el convenio urbanístico alcanzado con la empresa, con la abstención de Som Ibi y Ciudadanos y el voto el contra del grupo socialista.
Desde SOM IBI, su portavoz, Aitana Gandía, afirmaba que “cuanto más sabe del Alamí más perdida está”, para argumentar la complejidad de este expediente cuya judicialización se ha dilatado en el tiempo. Muchas dudas sobre diferentes conceptos tienen desde SOM Ibi, pero se abstenían al entender que el proceso no puede demorarse más.
En la misma línea se pronunciaba Nicolás Martínez desde Ciudadanos, resaltando que hablaban de “cosa juzgada” y por tanto el Ayuntamiento está obligado a acatar la sentencia. En cualquier caso si afirmaba que “si los gestores de 2004 hubiesen actuado con la misma integridad que el actual Concejal de Urbanismo, no nos veríamos en éstas”. Para Nicolás Martínez, el Alamí es el ejemplo de como nunca más de debe gestionar una urbanización, pensando, no en los intereses de Ibi, sino en otros intereses. Ahora lo que esperan desde Ciudadanos es que de una vez por todas el Ayuntamiento recepcione la obra y los propietarios puedan sacar algún provecho de los terrenos por los que han estado pagando el IBI durante estos 15 años.
El PSOE votaba en contra. Su portavoz, Sergio Carrasco, afirmaba que “es la peor y más nefasta gestión del PP en los últimos años” y pedía al grupo de gobierno que exija responsabilidades a sus anteriores compañeros de partido. Recordaban los socialistas todo el proceso desde el año 2004, y como el PP ha tomado decisiones sin dar traslado de la información a los grupos de la oposición y lamentaba el error cometido en 2004, cuando se aprobó la adjudicación de agente urbanizador a La Generala.
Santi Cozár es el concejal de Urbanismo y ha sido el encargado de negociar con la empresa el convenio ayer aprobado en pleno. Aseguraba que supone una reducción del 70% sobre la cantidad inicialmente reclamada por la empresa. El acuerdo pone fin a un periodo de conflictividad que ha durado 15 años, permite reiniciar las obras y desbloquear una zona de expansión urbanística. Santi Cózar matizaba que, aunque no comparta la sentencia, el Ayuntamiento está obligado a acatarla, y minimizar el impacto futuro que otra demanda pudiese tener para el consistorio.
El convenio regula las obligaciones y derechos de cada una de las partes y en la negociación del mismo ha primado “la defensa de los intereses de Ibi”, según expresaba Santi Cózar.
En cuanto a pedir responsabilidades, entiende el concejal de Urbanismo que no es factible. La pregunta que formulaba ¿a quien busca para pedir responsabilidades?. El mismo la contestaba “Con esta sentencia en la mano no va a encontrar a nadie”.