El DOCV publica la declaración de impacto ambiental de los proyectos fotovoltaicos de Ibi y Castalla
En dichas declaraciones de impacto ambiental se establecen las condiciones ambientales que resultan de la evaluación practicada y, además, una serie de medidas preventivas, correctoras y compensatorias que se deben incorporar al proyecto.
Se trata de un amplio listado de 17 medidas que imponen la reducción de la erosión hídrica, el respeto de flujo preferente en barrancos, recarga de acuíferos, disposición de las estructuras, normas de seguridad en materia de prevención de incendios forestales, seguimiento arqueológico de los movimientos de tierra y definición de un plan de seguimiento de fauna para comprobar los posibles efectos del parque sobre las comunidades de fauna y avifauna.
Las asociaciones locales que se oponen a estos proyectos valoran muy negativamente las declaraciones ambientales publicadas, toda vez que no han tenido en cuenta ninguno de los motivos que se argumentaron en las docenas de escritos de alegaciones presentados.
Por lo tanto, la movilización se mantiene a la espera de que la Consellería competente publique su decisión definitiva respecto a ambos proyectos.
Integran la Plataforma los col·lectives ibenses Centre Excursionista Amics de les Muntanyes, Associació Cultural El Teix y Ateneu Popular la Gavarnera, así como otros de la comarca: Natura y Gent, BioApus y la Plataforma Ciutadana de Tibi, y cuentan con la colaboración de la Coordinadora Valenciana per la ubicació racional de les energies renovables.
Por otro lado, recordar que desde el Ayuntamiento también se presentaron en su momento alegaciones contra este proyecto que pretende instalar más de 72.000 placas con una potencia de 40,8 MW, argumentado el fuerte impacto que tiene para recursos naturales en el espacio seleccionado para su construcción.
Las alegaciones cursadas en contra de la decisión autonómica, que inicialmente le ha dado luz verde, se fundamentan en la afección sobre “suelo de interés para la recarga de los acuíferos” y sobre la degradación de un terrero que considera como “de alto valor agroecológico en la zona”, determinación última que le corresponde a las consellerias de Medio Ambiente y Agricultura.
